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PETRÓLEO, COCA Y GUERRA
Este tipo de masacres selectivas viene ocurriendo en gran parte del país, pero principalmente en las zonas más ricas en recursos naturales y en cultivos de coca; regiones que se han venido constituyendo en los territorios de mayor confrontación armada, en donde las contradicciones entre el capital, el trabajo y los grandes latifundistas, han sido una constante histórica.
Estas regiones recogen la más relevante historia de las luchas de clases a partir de los años veinte, desde cuando se inicia en firme la industrialización de una sociedad que había sido eminentemente agraria y que apenas despertaba a la organización sindical y campesina.
Los hoy campesinos desplazados, aquellos vinculados a los cultivos ilícitos de coca o amapola se sumergen en la condición de parias de la tierra, que los obliga a invisibilizarse para no sufrir mayores represiones por parte del Estado.
Una de estas zonas de inmensa riqueza en recursos naturales, minerales y humanos es la región conocida como el "Magdalena Medio", que deriva su nombre por ser la zona media del recorrido del río Magdalena, el principal río colombiano que atraviesa el país de sur a norte hasta llegar a desembocar en el océano atlántico.
Las luchas territoriales y la permanente confrontación entre los actores del conflicto, se hacen sentir tenazmente en esta región, en la que también ha florecido la resistencia organizada de la comunidad, en forma de organizaciones populares y sociales, del sindicato petrolero más fuerte del país, la Unión Sindical Obrera (USO), así como en la solidaridad internacional de diferentes ONGs.
En el "Magdalena Medio" Santandereano, específicamente el Departamento de Santander del Sur, municipio de Barrancabermeja, se encuentra ubicada la más grande refinería Colombiana, corazón petrolero del país y de grandes contradicciones sociales.
El Tribunal Internacional de Opinión celebrado en Barrancabermeja en 1999, condenó al Estado Colombiano por la desaparición de 25 personas y el asesinato de otras 7; hechos ocurridos el 16 de mayo de 1998, ha llamado la atención internacional sobre las continuas violaciones que a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario se cometen impunemente en esta región del país por el estamento castrense en complicidad con las fuerzas paramilirates, así como por las diferentes guerrillas rurales y urbanas de fuerte presencia en la zona. Como también, ha puesto de presente, la flagrante omisión del Estado colombiano para hacer justicia, cuando no asume una consiente y verdadera voluntad política para la persecución, el juzgamiento y la sanción de los criminales de guerra, así como de quienes cometen delitos contra la humanidad.
Nuestro primer testimonio se enmarca en este contexto político.
